La idea de la escisión empieza a cuajar en el sector crítico del PP

La apertura de expediente sancionador a la portavoz del PP en la Diputación, Ascensión Pérez, por parte de su propia formación comienza a evidenciar grietas más profundas dentro del partido. Según pudo saber este medio, además de los otros cinco diputados que se comprometieron a asumir el mismo castigo, están surgiendo voces entre otros miembros del PP dispuestas a irse con ellos e incluso concurrir a los comicios locales de 2019 bajo otras siglas.

Fuentes con peso en el sector crítico –no diputados– confirmaron ayer a este medio que son proclives a seguir la estela de los representantes en la institución provincial. Esto no supondría abandonar la política. La puerta queda abierta para poder incorporarse a otras formaciones ya existentes o incluso a presentarse bajo nuevas (o renovadas) siglas.

No obstante, entre los diputados provinciales que arropan a Pérez ante la acusación de una «infracción muy grave» los acontecimientos no han dejado tiempo a proponerse el futuro a medio plazo. Montse Torres, por ejemplo, confirmó que «de momento no me he planteado nada. Estamos con el día a día y no hay tiempo para pensar el algo más allá. Primero vamos a ver en qué queda esto y luego habrá que pensar en otras cosas».

Torres reconoció que la apertura de expediente y el desarrollo de los acontecimientos «es algo que no esperaba» y que no ha dejado mucho tiempo para plantearse «nuevas ideas. Si me presenté por Almazán fue para trabajar por Almazán, y si estoy en Diputación es para trabajar por esta provincia».

En la misma situación estaba Fidel Soria, otro de los diputados envuelto en el maremagnum despertado por la decisión del cambio de portavoz en favor de Jesús Peregrina sin contar con todo el grupo. Preguntado sobre si se planteaba continuar en política bajo otras siglas, afirmó que «no me ha dado tiempo a nada. Vamos a esperar qué dice la Dirección del partido y qué medidas toma. Hasta entonces toca esperar», sentenció.

Constantino de Pablo tiene claro que en 2019 se retira de la política. Sin embargo «lo he oído, lo noto», afirmó respecto al arrastre de candidatos y afiliados que puede suponer la expulsión de Pérez. En lo tocante a la escisión en el PP «el run-run está ahí, pero luego habrá que ver quién se significa. Del dicho al hecho...», valoró.

La expulsión de los seis diputados reticentes a asumir la orden de la presidenta del PP, Marimar Angulo, comenzarían dejando al Grupo Popular como minoritario en la Diputación. El PSOE tiene 12 escaños y ya hay dos no adscritos que pasarían a ser ocho con este proceso. Al PP le quedarían únicamente cinco representantes de 25.

Esta situación puede agravarse incluso de cara a las elecciones municipales de 2019. Por un lado, si los concejales vuelven a concurrir bajo otras siglas es fácil presuponer que el voto de la derecha se fragmentaría, como ocurrió por ejemplo con la PPSO en Almazán. Debutó como escisión del PP con desavenencias con la presidencia y, a la primera, logró mayoría absoluta en el Ayuntamiento y un escaño en la Diputación.

Ahora es asunto ya no tendría un tinte tan local, sino que afectaría a toda la provincia. De hecho, la trayectoria de algunos de los diputados incluye más de 20 años en sus respectivas Alcaldías con holgadas mayorías absolutas. Incluso Ascensión Pérez simboliza como pocas cómo en la Soria rural se sigue apostando más por las personas que por las siglas. Lleva cinco mandatos como alcaldesa por un partido local independiente, por el PSOE y por el PP.

Respecto al proceso, por el momento todas las fuentes aseveraron que no hay avances sobre cuándo se reunirá el Comité Nacional de Derechos y Garantías y quién será el instructor del caso. Deberá ser, eso sí, un licenciado en derecho que, una vez elaborada la documentación, se mantendrá al margen de las deliberaciones. DIARIO DE SORIA / EL MUNDO se puso ayer en contacto con la sede nacional del PP en Génova 13 pero no se aclararon los términos.

En el informe remitido desde el Comité de Derechos y Garantías de Castilla y León se reclamaba la suspensión cautelar de militancia de Pérez mientras dure el proceso. Aunque caben distintas interpretaciones, la más extendida es que podría continuar como miembro del Grupo Popular independiente.

El proceso, basado en los principios de audiencia al interesado, imputación, contradicción y defensa» comienza con una fase de instrucción. Habrá 15 días para trasladar el documento a Pérez. Posteriormente el Comité Nacional, presidido por el angulista Alfonso Fernández Mañueco, debe decidir por mayoría absoluta la sanción en un plazo de no más de dos meses, «excepcionalmente» tres. Pérez dispondrá entonces de 15 días para alegar y el comité, de seis meses para resolverlo.

Según pudo saber este medio, la intención del PP de Soria es acelerar al máximo los trámites. El objetivo es que la cuestión no llegue viva a las puertas de los comicios de 2019 pudiendo afectar al partido. El hecho de que se producirá una herida está sobradamente asumido, pero se quiere llegar a las urnas con la cicatriz cerrada.

Pérez se enfrenta a la suspesión de militancia de cuatro a seis años, la inhabilitación para cargos del partido por el mismo período (de hecho las dos cuestiones «no son excluyentes») o la expulsión si pasa a otro grupo político. Al menos, esos son los castigos que prevé el artículo 13, sección d) del Estatuto del PP para las infracciones muy graves. El Comité Nacional puede suspender el cumplimiento de la sanción, si bien Fernández Mañueco ya dejó ver en sus declaraciones que apostaba por no tolerar la disidencia en Soria.