El CIEDA culmina el análisis jurídico de los montes públicos y avanza en un proyecto sobre ciberseguridad

El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA) ha centrado su actividad investigadora reciente en dos líneas de interés público como la revisión de las normas que ordenan la gestión de los montes públicos y el análisis del marco legal que protege infraestructuras especialmente sensibles frente a incidentes de ciberseguridad. El informe presentado en Soria pone de relieve la aportación del centro al conocimiento aplicado y a la mejora de la toma de decisiones públicas en materia ambiental y de seguridad como el proyecto Alacrán sobre ciberseguridad en instalaciones sensibles como instalaciones radiológicas y nucleares.

La última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria, que se celebró este mes de diciembre, analizó el informe del CIEDA, con el repaso a proyectos, publicaciones y prioridades para 2026. El principal proyecto del periodo es la Red Estatal de Montes Públicos, que el CIEDA ha desarrollado con Cesefor, entidad especializada en el ámbito forestal. El trabajo aborda los montes públicos, es decir, terrenos forestales de titularidad pública (comunidades autónomas y entidades locales), y revisa qué instrumentos de planificación y qué reglas administrativas se aplican a los aprovechamientos forestales, con especial atención al aprovechamiento maderable (la extracción de madera conforme a criterios técnicos y ambientales).

La explicación facilitada por la responsable del centro, Eva Blasco, dedica una parte específica a la enajenación del aprovechamiento. En este contexto, “enajenación” significa la adjudicación o venta del aprovechamiento (por ejemplo, un lote de madera) mediante un procedimiento público. El análisis revisa los trámites y garantías que se exigen para asegurar transparencia, concurrencia y seguridad jurídica, y para que la gestión forestal se sostenga en planificación y control administrativo, informa Ical. 

El proyecto cuenta con financiación vinculada a la Fundación Biodiversidad y se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza inversiones para modernización y transición ecológica.

El segundo gran eje del informe corresponde a ‘Amenazas y Leyes en el ámbito cibernético para instalaciones radiológicas y nucleares (Alacrán)’, que el CIEDA desarrolla con CISOF, entidad colaboradora especializada en seguridad digital, y que en 2026 tendrá su último año de vigencia. La investigación parte de una realidad extendida como que las infraestructuras esenciales dependen de tecnología digital, redes de comunicación y sistemas de control, y un incidente de ciberseguridad puede afectar a la continuidad del servicio o a la integridad de sistemas críticos.

Blasco precisó que las “instalaciones radiológicas” incluyen instalaciones que emplean radiación ionizante con fines médicos, industriales o de investigación, bajo autorización y supervisión administrativa. Las “instalaciones nucleares” se someten a requisitos todavía más estrictos por la naturaleza de los materiales y por los riesgos asociados. En ese marco, Alacrán revisa normativa internacional y nacional, así como obligaciones, responsabilidades y estándares de prevención y respuesta, y añade un análisis comparado entre países con alta potencia nuclear instalada, para observar enfoques regulatorios y referencias prácticas.

La actividad del CIEDA incluye publicaciones y transferencia del conocimiento. El informe destaca la revista “Actualidad Jurídica Ambiental”, que ha renovado el sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El centro ha publicado también el anuario de la revista. Asimismo, participa en el ‘Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM)’, una publicación anual de análisis normativo.

La edición OPAM 2025 se ha publicado en coedición con la editorial del Boletín Oficial del Estado (BOE). En esa obra, el CIEDA asume el apartado sobre Red Natura 2000, la red europea de espacios protegidos orientada a conservar hábitats y especies de interés comunitario. El informe recoge también colaboraciones habituales con la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental.

El balance incluye docencia en el máster de la Universidad de Valladolid, campus de Soria, vinculado a bioenergía y sostenibilidad energética, y la participación del centro en foros de debate técnico y jurídico, entre ellos el Noveno Congreso Forestal Español (Gijón, junio de 2025), además de ponencias en encuentros celebrados en España y en Argentina y en una jornada jurídica de actualización en evaluación ambiental.

De cara a 2026, el CIEDA fija como prioridad la entrega de la documentación técnica y económica del proyecto de montes públicos el 27 de febrero de 2026, y prevé artículos científicos basados en la investigación realizada.

El informe anuncia además la preparación, con la Universidade da Coruña, de una propuesta a la convocatoria estatal de ‘Proyectos de Generación de Conocimiento’, titulada 'Compensación y restauración de la naturaleza en planes y proyectos de impacto estratégico” (Ecoreset, proyecto sobre compensación y restauración), que pretende avanzar hacia modelos más eficaces y verificables desde el punto de vista jurídico y técnico.

En recursos humanos, el CIEDA cuenta con cuatro profesionales como una científica titular, una titulada superior, una documentalista y una auxiliar de investigación. El informe recoge la consolidación de parte del equipo tras procesos de estabilización y la presentación, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), a la convocatoria 2025 de ayudas para personal técnico de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), con el fin de incorporar dos perfiles de apoyo: uno con formación jurídica y otro documentalista.