Empresas
Los trabajadores en activo de Ondara declaran la guerra a los sindicatos
Insólita petición de los principales responsables de la planta que reclaman una huelga en el momento en el que la empresa tiene que arrancar con la renovación de los permisos de cultivo del cannabis medicinal
Trabajadores de Ondara en el interior de las instalaciones de Garray en una imagen de archivo.
Nuevo giro en la situación de Ondara con parte de los trabajadores, los que están activos, declarando la guerra a la representación sindical. Esos empleados, que mayoritariamente se trata de los principales responsables de la planta de Garray, reclaman que se vuelva a convocar una huelga «en fechas especialmente relevantes para el futuro de la empresa, como medida de presión orientada a garantizar el cobro de las cantidades que la empresa adeuda a la totalidad de la plantilla». Estos trabajadores critican la negativa a esa huelga por parte de los sindicatos a través de un duro comunicado y acusan, tanto a UGT como a CCOO de «falta de compromiso efectivo con la defensa de los intereses de la plantilla y una preocupante desconexión con la realidad diaria de los trabajadores».
La situación en Ondara es extremadamente compleja. La empresa paralizó su producción el pasado marzo y a finales de ese mes inició un ERTE para sus 42 trabajadores –aunque ahora ya son oficialmente 38–. Aunque está toda la plantilla afectada, la realidad es que hay entre 8 y 10 empleados que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo –a pesar de los impagos de salarios–. A grandes rasgos, es la dirección de la empresa y los encargados de completar los procesos administrativos orientados a reactivar la actividad. Inicialmente ese ERTE se planteó acompañado de una huelga que posteriormente se levantó. Paralelamente, la empresa presentó un preconcurso de acreedores para ‘ganar’ tiempo para lograr la financiación que permita reflotar la empresa y evitar el corte de suministros básicos como luz, gas o seguridad.
A toda esta situación se suma que en estas próximas semanas Ondara se enfrenta a dos procesos claves, la renovación de la auditoría GMP –que avala las buenas prácticas de cultivo– y la renovación de la autorización para el cultivo de cannabis con fines medicinales que concede la Agencia del Medicamento. Estos dos trámites son imprescindibles para la actividad de Ondara. Como colofón, la empresa está a la espera de poder recibir las nuevas semillas y de esa forma reiniciar el proceso productivo y con un propietario, David Engel, que apenas da señales de vida.
A grandes rasgos, este es el contexto en el que ayer los trabajadores «en activo» de Ondara publican un comunicado en el que denuncian «desprotección, falta de trasparencia y una representación interna cuestionada». Aseguran que viven una situación de «desamparo». El conflicto de estos empleados con los sindicatos estalla ayer tras una reunión de seguimiento del ERTE. En ese encuentro solicitaron «expresamente» la posibilidad de convocar «una huelga en fechas especialmente relevantes para el futuro de la empresa, como medida de presión orientada a garantizar el cobro de las cantidades que la empresa adeuda a la totalidad de la plantilla».
En el comunicado se indica que la respuesta de los representantes de los trabajadores «y sobre todo asesores sindicales de ambos sindicatos ha sido negativa» explicando que se han limitado a puntualizar que «no sería beneficioso para los trabajadores». Los empleados en activos consideran que esa respuesta carece de argumentos claros, suficientes y debidamente justificados para respaldar una decisión «ante la gravedad del contexto actual, más allá de reiterar consideraciones generales sobre la trayectoria de la empresa».
Los trabajadores activos explican que esta postura llega tras un hecho «especialmente grave» en referencia a la huelga convocada paralela al ERTE que «nunca llegó a ser convocada efectivamente, siendo en la práctica desconvocada sin comunicación previa, ni audiencia a los trabajadores en activos». En este sentido, revelan que se enteraron de la decisión el 9 de abril «generando una situación de incertidumbre y desprotección».
La plantilla en activo considera que se pudo situar a los trabajadores «en una situación de vulnerabilidad, en especial a aquellos que pudieran haber ejercido su derecho a huelga en fechas en las que, en realidad, dicha convocatoria no estaba vigente». En el comunicado se apunta a «representantes de UGT y CCOO externos a la empresa, que acuden puntualmente, trasladan su criterio y deciden de forma autoritaria sin haber promovido ningún proceso de consulta, consenso o votación». Los trabajadores acusan a los representantes sindicales de «falta de compromiso» y tildan de «preocupante» que se haya planteado como alternativa una concentración ante la empresa. «Resulta insuficiente en la situación actual», recalcan.
La situación de enfrentamiento llega porque los trabajadores en activo, que tal y como está explicado, son los principales responsables de la planta consideren que «la única vía de presión en este momento pasa por actuaciones que incidan directamente en los intereses de la empresa» tales como «la no colaboración en procesos críticos o la renovación de certificados».
Además, el colectivo incide en que el actual comité ha superado el mandato legal y que tras la reducción de la plantilla el comité debería estar formado solo por 3 personas en lugar de las 9 actuales. «Se han intentado promover la convocatoria de elecciones sindicales, recabando la mitad del apoyo de la plantilla, pero desde la representación vinculada a CCOO y UGT se ha argumentado que la situación de la empresa no es compatible con la celebración de elecciones». Los trabajadores señalan otros problemas como la renovación del convenio colectivo o mecanismo de consulta y «adicionalmente» cuestionan la «ausencia de un respaldo efectivo por parte de las instituciones públicas».
Ante esta situación se ha promovido la celebración de un asamblea con el objetivo de convocar una huelga que se celebrará el jueves a las 14.00 horas en la cantina de la empresa. Por último, se reitera el llamamiento a las «instituciones públicas competentes» para que «intervengan de manera activa» ante la gravedad de la situación, contribuyan al cumplimiento de las obligaciones laborales «y velen por la protección efectiva de los derechos de los trabajadores».