La Junta adapta su estructura para la competencia aérea y lanzar el ATI

El nuevo Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León empieza a dar sus primeros pasos con la configuración de los equipos de trabajo en las diferentes consejerías. En el caso del área de Movilidad se han producido algunos cambios en la estructuras enfocado a poder acoger la competencia de gestión aeroportuaria que para Soria afecta a uno de los proyectos clave de la provincia, el Aeroparque Tecnológico de Garray. En la definición de sus competencias Movilidad ya asume como tarea las «infraestructuras aeroportuarias» en espera de que el traspaso de competencias sea efectivo.

El aeroparque de Garray lleva unos dos años completamente paralizado en espera de dos trámites, la aprobación de la ampliación de la pista y el cambio de titularidad en la gestión. A modo resumen, se trata de un conflicto de competencias entre el Gobierno central y el autonómico. Aunque la competencia figura en el estatuto de autonomía nunca llegó a transferirse oficialmente y eso es lo que reclama la Junta para poder aprobar ambas cuestiones. Aunque en los últimos meses de legislatura se avanzó en el acuerdo no llegó a celebrarse la comisión de transferencias y es una de las tareas que deberá afrontar el nuevo ejecutivo de Castilla y León.

No obstante, dado el avance la Junta ya ha introducido algunos cambios en su propia estructura en previsión de que la competencia aérea llegue más pronto que tarde. Por ejemplo, el pasado 30 de junio el Boletín Oficial publicaba la estructura orgánica de la consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial cuya titular es Cristina Sanchidrián. En el artículo 1, que aborda el ámbito competencial, en su apartado f ya asume la dirección de las políticas en materia de «infraestructuras aeroportuarias». Fuentes de la consejería indicaron que se trata de una pequeña modificación que anticipa la llegada de esa competencia para el momento en el que el traspaso se formalice.

Otro detalle de cómo la estructura de la Junta se está adaptando de cara al traspaso aparece en la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En el marco general sobre el uso de aeródromos como el de Garray explica que «hasta ahora era AESA quien emitía las autorizaciones de establecimiento y de apertura al tráfico de los aeródromos de uso restringido. Sin embargo, a raíz de la cuestión competencial surgida, se ha determinado que la competencia en materia aeroportuaria la deben ejercer las comunidades autónomas que la hayan asumido en sus estatutos de autonomía. Consecuentemente, el Estado se debe inhibir a favor de las comunidades autónomas para que sean estas las que resuelvan. Para ello se están estudiando los mecanismos de cooperación y colaboración con cada una de ellas».

En la relación de contacto para la tramitación de permisos en el caso de Castilla y León aparece referenciada la Dirección General de Transportes y Logística y de forma más concreta el servicio de Infraestructuras del Transporte. La citada dirección general está en manos de Ana María Álvarez Barrera, nombrada la semana pasada.

Fuentes de la consejería indicaron que desde el mes de febrero aproximadamente AESA ya remitió los expedientes relativos a la ampliación del aeródromo de Garray y su cambio de titularidad. Aunque la Junta está preparada, y decidida, a asumir la competencia, aún no se puede fijar un plazo ya que es necesario que se convoque y celebre la citada comisión mixta de transferencias de competencias y el traspaso sea oficial a través de un Real Decreto que debe aprobar el Consejo de Ministros.

Desde la Diputación provincial, administración que promueve el ATI de Garray, miran con buenos ojos los pasos anticipados por la Junta, pero insisten en la necesidad de que se acelere el traspaso de competencias. «No cabe duda de que es importante que ya figure en el ‘nombre’ y como competencia», explicó el diputado José Antonio de Miguel aunque «seguimos pendiente del traspaso». Para hacer efectivo esa transferencia de la competencia y que realmente se pueda desbloquear al ATI, De Miguel lamenta que los tiempos de la administración lleven el procedimiento al fin del verano. «Ahora se está terminando de configurar el Gobierno y sabemos lo que pasa en la administración en los meses de julio y agosto, así que seguramente nos iremos a septiembre».