El PP exige a la Subdelegación un mapa «real» de la delincuencia en la capital

El PP, a través del concejal y senador Javier Jiménez Santamaría, solicitó ayer a la Subdelegación del Gobierno en Soria que facilite más información sobre las cifras de criminalidad en la provincia y exige un «mapa real» de la delincuencia en Soria. El popular apunta a un aumento de la actividad delictiva en zonas como el polígono, la ‘zona’ o el Calaverón y apuntó de nuevo al impacto que podría tener en los datos la cercana apertura del Centro de Asilo y Protección Internacional (CAPI) de Los Royales. «Si los ciudadanos de Soria no tienen información, podrían llegar a la conclusión de que los delitos crecen por el CAPI cuando la cifra ya está aumentando», deslizó.

No es la primera vez que Jiménez ya cuestiona aspectos relacionados con la seguridad en la ciudad o los datos de delincuencia. Hace apenas unos días se conocieron los datos del segundo trimestre y el balance de la primera mitad del año deja una reducción del crimen de algo más del 3% en Soria. «Ha descendido y lo reconocemos», explicó Jiménez, añadiendo que si bien la cifra global baja, hay un aumento en delitos como las agresiones sexuales con penetración «más 50%» o los robos con violencia «que crecen un 60%». «Son delitos que preocupan entre la sociedad», subrayó.

Para Jiménez en esta cuestión el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, actúa como un «comisario político» y acusa al representante del ejecutivo central de que «pretende engañarnos». El senador enumeró una recopilación de los artículos de prensa en los que se da cuenta de los diferentes incidentes, peleas, robos y sucesos acaecidos durante la primera parte del año. «Nos enteramos por los medios de comunicación, es la única fuente fiable», explicó. «Vamos como la delincuencia ya no se limita solo a la zona de ocio nocturno, sino que se ha extendido a otras zonas de la ciudad», aseguró añadiendo que «en el Calaverón hemos visto pinchazos en ruedas e incendios en contenedores» y recordó que «hace unos días se informaba sobre el robo de catalizadores». «Con la vuelta del curso universitario vamos a ver de nuevo como la zona es un guetto delincuencial tomado por las bandas latinas y del norte del Magreb», expuso.

El representante del PP asegura que su formación está «muy preocupada» y cree necesarios que haya una mayor información sobre la situación de la criminalidad en Soria, especialmente en la capital. «Lo que pedimos es poder contar con un mapa real de la delincuencia en la ciudad y que la Subdelegación facilite información», recalcó. Jiménez considera necesario saber las zonas donde se producen más hurtos, las partes de la ciudad con más peleas o aquellos barrios en los que es necesario un refuerzo policial. «Sin esas cifras no podremos tener un debate serio», lamentó.

Jiménez fue más allá y considera que sin esa información actualizada «los ciudadanos podrían llegar a la conclusión de que el aumento de la delincuencia está ligado al CAPI» aunque «el aumento ya se está produciendo». «El PP no está diciendo que sus usuarios sean delincuentes», precisó.

Desde el PP recuerdan que el propio Latorre ha confirmado que el CAPI de Soria podría acoger a algunos «de los invasores de Ceuta». «No prejuzgamos, pero nos deberían explicar el origen y la situación de las personas que van a venir o el dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha», comento incidiendo en que «la Policía Nacional tiene que atender a todos los barrios de la ciudad», recalcó. En la lista de reproches hacia el subdelegado del Gobierno, Jiménez también acusó a Latorre de ocultar la nacionalidad de los delincuentes.

Jiménez ironizó con que el CAPI sea la única obra del Estado que cumplirá plazos en Soria e insistió en que antes de su puesta en marcha la ciudad debería contar con los «recursos» suficientes para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y los vecinos de Soria. «El tren ha tardado 18 meses más de lo previsto, pero esto va rápido, hay celeridad y según han explicado estará terminado en noviembre», apuntó.

Por último, desde el PP, como ya hiciera el vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ponen sobre la mesa el posible choque entre administraciones. Cabe recordar que hay una normativa autonómica que limita el número de plazas a unas 120 mientras que el Estado considera, en base a un informe de la Abogacía del Estado, que esta instalación al ser de su competencia no se ve afectada y por lo tanto mantiene los 203 usuarios. Jiménez también recordó que a esta situación se suma la falta de efectivos en la Policía Local por la falta de gestión en el «cáncer» del Ayuntamiento que es Personal. «Hasta dentro de un año no habrá más agentes», cerró.