El juez amplía el secreto de la macrocausa de corrupción y admite a Vox como acusación popular

La investigación sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Soria, la denominada Operación Fuentona, seguirá bajo la protección del secreto de sumario. El juzgado que lleva el caso ha decidido prorrogar durante un mes la medida, con lo que las partes seguirán sin tener acceso a las actuaciones. Hasta ayer, estas partes eran los investigados y la Fiscalía, pero ahora se incorpora el partido político Vox, pues el juez ha aceptado la personación de la formación de Abascal como acusación popular.

El secreto de sumario se decretó justo antes de que la Operación Fuentona fuera conocida por la opinión pública. Fue el pasado 23 de junio debido a la irrupción de agentes de la Guardia Civil en las dependencias del Ayuntamiento de Soria para realizar un registro que se prolongó durante 11 horas.

Si la intervención policial, bajo la dirección del juez que lleva el caso, provocó la alarma social, esta se incrementó aún más tras conocerse que la detención de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos, y otras seis personas, todas ellas relacionadas con la empresa Biosfera. La concejala fue accionista de esta empresa hasta que se incorporó en 2019 al equipo de gobierno de Carlos Martínez Mínguez. Este último abandonó el cargo de alcalde en abril para liderar la oposición del PSOE en las Cortes de Castilla y León.

La Guardia Civil comenzó las actuaciones a partir de la denuncia de una empresa y está investigando, entre otras cosas, los contratos del Ayuntamiento de Soria con la empresa Biosfera. La investigación se centra en delitos prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuentes cercanas a la investigación apuntaban desde el principio a una investigación larga y compleja. Un mes después del registro del ayuntamiento la investigación sigue su curso y el juez considera necesario que se mantenga bajo la protección del secreto de sumario.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León informó ayer de la decisión de la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria para decretar «la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más» a partir de ayer.

Hay que recordar que el secreto de sumario no se puede decretar por un periodo superior al mes, aunque el juez puede ir prorrogándolo mes a mes. Entre los objetivos del secreto de sumario, regulado en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona o prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

El TSJ también informó ayer de otra decisión relevante del juzgado que lleva el caso sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Soria: ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

El partido de Abascal tendrá acceso a las actuaciones, una vez que se levante el secreto, y podrá pedir la práctica de diligencias como acusación.

La incorporación de Vox puede que no sea la única, ya que el Partido Popular también anunció su intención de personarse en la causa sobre la corrupción municipal en la capital soriana. El recién proclamado candidato del PP a la Alcaldía de Soria, José Manuel Hernando, reafirmó el lunes la decisión del partido de personarse en el caso, al tiempo que anuncio que se querellará «por el absolutamente inasumible, inaceptable, chivatazo que permitió a Carlos Martínez conocer, y además revelar que conocía el asunto con detalles que estaban absolutamente al margen de lo que él podía conocer». Hernando explicó ayer a este periódico que están a la espera del informe que van a realizar los servicios jurídicos de Génova.

Quien de momento no parece que vaya a personarse como perjudicado es el Ayuntamiento de Soria, ya que la semana pasada el PSOE votó en contra de lo moción del PP en el pleno que reclamaba dicha personación.

Por su parte, el alcalde de Soria, Javier Antón, apareció ayer por sorpresa en una rueda de prensa de la concejalía de Cultura, quizá con ganas de hablar tras la publicación en este periódico de la inadmisión de la querella de Vox para que se investigue el chivatazo en la Operación Fuentona. El regidor señaló al respecto que «el tiempo pone a cada uno en su sitio» y que «el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento de la presentación de esta querella» por parte de Vox.

«El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ya informó claramente del papel que había tenido el Ayuntamiento de Soria y la puesta a disposición de los juzgados con todas las facilidades. No nos saltamos las indicaciones que nos habían dado», señaló el alcalde, quien acusó a la formación de Abascal de «intentar sacar rédito partidista de esta situación».

Vox pide al juzgado que empiece por tomar declaración a Carlos Martínez por el chivatazo

La formación política Vox insiste en que debe investigarse el chivatazo en la Operación Fuentona como un presunto delito de revelación de secretos, por lo que ha presentado un recurso contra la decisión de inadmitir a trámite la querella que presentó en ejercicio de la acción popular. El partido de Abascal quiere que se revoque el auto de inadmisión de la querella y que se inicien «diligencias previas y práctica, al menos, de las diligencias mínimas de comprobación interesadas, comenzando por la declaración de D. Carlos Martínez y la identificación del círculo de autoridades, funcionarios y agentes que tuvieron conocimiento previo del operativo».

La petición de la declaración de Martínez se justifica acudiendo a los propios argumentos del auto de inadmisión, en el que se reprocha que la querella no pida la declaración de Carlos Martínez.

El recurso, que critica que el auto de inadmisión reclame un grado de acreditación que solo resulta exigible para el procesamiento, señala que como el propio auto reconoce la pertinencia de reclamar la declaración de Carlos Martínez, el juez debería al menos haber practicado esa diligencia inicial en vez de decidir un archivo de plano.

El recurso, al que ha tenido acceso este periódico, considera que la inadmisión de la querella es «indebida», dada la existencia de «indicios objetivos suficientes». Recuerda que el ex alcalde de Soria reconoció públicamente haber sido avisado, un día antes, de que la Guardia Civil acudiría al Ayuntamiento de Soria a recabar documentación en una operación penal.

El escrito rechaza que las diligencias solicitadas sean prospectivas y que la querella pretenda abrir una investigación «para averiguar si había sucedido algo». «Los sucedido», explica, estaba ya objetivado: un tercero, ajeno al procedimiento reconoció haber recibido un aviso previo sobre una actuación judicializada, reservada y secreta», motivo por el que la querella solicita «investigar quién reveló esa información, por qué canal, con qué contenido exacto y con qué finalidad».

También se argumenta en el recurso que la resolución «confunde la ausencia de autor identificado con la inexistencia de indicios». Afirma que «no puede exigirse a la acusación popular que conozca el autor material de la filtración», pues esa exigencia «abocaría a la impunidad de cualquier denuncia por revelación de secretos». Además recuerda que en este caso, ante el secreto decretado de las diligencias, «el deber de reserva no era meramente genérico o implícito, sino reforzado, formalizado judicialmente y dirigido precisamente a impedir que el contenido, alcance, evolución o próximas actuaciones de la investigación fueran conocidas por personas ajenas al procedimiento».

Insiste en que la entrada y registro es una de las diligencias más sensibles del proceso penal y que su eficacia depende en buena parte del factor sorpresa.