El Ayuntamiento de Soria lleva a Fiscalía el desfalco en la recaudación del San Andrés

El Ayuntamiento de Soria ha dado traslado a la Fiscalía, y aportado las pruebas correspondientes, de lo ocurrido en torno a la recaudación del polideportivo San Andrés. Así consta en una resolución del área de Gobernanza firmada por el concejal de Personal, Eder García, en la que se expone que los hechos pueden ser constitutivos de un delito «que reviste especial gravedad por causar prejuicio económico al Ayuntamiento». El Consistorio además apunta directamente al encargado de la instalación al que ha suspendido de empleo y sueldo hasta la aclaración del expediente. A falta de confirmación oficial, el desfalco podría oscilar entre los 60.000 y los 100.000 euros, según las fuentes consultadas por este medio.

Desde el Ayuntamiento de Soria, de momento, explican que no es posible ofrecer una valoración sobre lo ocurrido en torno a la gestión del polideportivo San Andrés, aunque sí se ha informado a los grupos de la oposición sobre el asunto.

Tal y como publicó este medio, los hechos se precipitan el pasado viernes cuando el concejal de Personal, Eder García, acompañado de la tesorera municipal y un subinspector de la Policía Local se personan en el San Andrés para levantar acta de lo que hubiera en la caja fuerte del complejo deportivo. Allí, según pudo confirmar este medio, no encontraron nada.

Es el mismo viernes cuando desde el área de Gobernanza, cuyo concejal delegado es el mismo Eder García, se emite una resolución en la que se detallan algunas de las cuestiones vinculadas al caso. En primer lugar, se alude a un informe del concejal delegado de Deportes –Manu Salvador– en el que se señala «que a pesar de los numerosos requerimientos formulados no se ha recibido justificación documental de los ingresos recaudados en las instalaciones del San Andrés por parte del encargado de la instalación». Además, se pide información al departamento de Tesorería que traslada «de forma verbal» que «desde hace tiempo no se ha recibido ingreso bancario de esa instalación».

Con ese contexto se indica que el responsable del polideportivo lleva en ese cargo desde el 4 de julio de 2022, es decir, prácticamente dos años y medio y que entre sus funciones consta «la recaudación de los ingresos por el uso de las instalaciones». Asimismo, se reitera que los ingresos de las recaudaciones «no han sido efectuados en las cuentas municipales». El documento no especifica si la ausencia de ingresos coincide con la llegada al cargo del encargado –4 de julio del 2022– o es posterior.

El relato de los hechos continúa afirmando que la actuación de dicho trabajador «puede constituir un hecho objeto de aplicación de régimen disciplinario» según lo dispuesto en la normativa. Además añade que «si bien considerando que se trata de un presunto delito que reviste especial gravedad por causar un perjuicio económico al Ayuntamiento de Soria» y en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público «cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal».

Todos esos hechos dan lugar a la resolución en la que tras el análisis de lo ocurrido «se desprende actuaciones que pudieran constituir un hecho objeto de aplicación de régimen disciplinario a un trabajador laboral fijo». Por eso, y en primer lugar, se decide la incoación de un «expediente disciplinario» al trabajador que ocupaba el puesto de encargado del polideportivo San Andrés «por la presunta comisión de una o más faltas disciplinarias». En el segundo punto se designan a varios funcionarios como instructores del expediente y como secretario del mismo.

El tercer punto es clave ya que desde el área de Gobernanza se acuerda «la suspensión de funciones con carácter provisional (empleo y sueldo) con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario en los términos establecidos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el documento se hace referencia a que el inicio del expediente y la propia resolución debe ser notificada al trabajador. Según pudo saber este medio, esa notificación aún no ha sido posible ya que no se ha logrado localizar al empleado que, según diversas fuentes, se encuentra en situación de baja laboral.

El quinto y último punto de la resolución también es importante ya que establece «poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del órgano jurisdiccional competente los hechos acaecidos por poder ser constitutivos de infracción penal adjuntando las pruebas oportunas fundadas en Derecho».